jueves, 30 de junio del 2011 a las 06:46
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Afirma diputada Vestalia Sampedro
“Timan 570 millones del Situado Constitucional a Gobernaciones y Alcaldías”
Caprichosamente el Gobierno Nacional dispone ser el único administrador de los recursos del Estado, cuando la Constitución establece como administradores simultáneos a 335 alcaldes y 24 gobernadores electos por voto popular, dijo la parlamentaria
(Prensa Prove).- La diputada de Proyecto Venezuela en la Asamblea Nacional por el estado Carabobo, Vestalia Sampedro, aseveró que el Gobierno Nacional tima 570 millones del Situado Constitucional a las gobernaciones y alcaldías, al pretender que las fuentes de ingresos tradicionales sean consideradas como ingresos extraordinarios, con el único propósito de no entregar a las regiones los recursos que de acuerdo a la Ley deben recibir.
La diputada afirmó que este hecho es prueba de las artimañas de las que se vale el Ejecutivo Nacional para evitar entregar a las regiones los recursos que conforme al artículo 167 de la Constitución Nacional, deben recibir por Situado.
“Cinco créditos adicionales al presupuesto de gastos, contemplan como fuente de financiamiento los ingresos extraordinarios de la venta del petróleo, ante lo cual cabe la pregunta, cómo se trata de ingresos extraordinarios provenientes de la renta petrolera, cuando desde 1909 en Venezuela ésta se ha convertido en la fuente tradicional de financiamiento del gasto público y así lo entiende y define la misma Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público (LOAFSP)”, afirmó Sampedro.
La parlamentaria de Prove señaló que, por causa de la variación del tipo de cambio, los ingresos provenientes de la venta del petróleo se incrementaron, debido a que, ya no se cambia a 2,15 sino a 4,30 BsF, pero la fuente sigue siendo el ingreso petrolero. El ingreso por devaluación no es extraordinario.
“Con este artilugio dejan de llegar a las regiones 570 millones, necesarios para los programas sociales, el desarrollo habitacional, la atención de la salud, la educación, alimentación, remuneración de los trabajadores, ornato público y todos aquellos que por su naturaleza son competencia exclusiva de gobernaciones y alcaldías, como por ejemplo la recolección de basura, que como es evidente es una tarea que no puede acometer el Gobierno Nacional”, añadió.
Sampedro expresó que “el ataque a la descentralización y el acaparamiento de recursos por parte del Gobierno, lo han llevado a prácticas contrarias a las disposiciones legales que rigen la materia, en efecto la citada LOAFSP vigente, establece en su artículo 7 como ingresos ordinarios, todos los que se producen de forma recurrente y provienen de fuentes tradicionales y como extraordinarios, aquellos que se producen eventualmente, como los ingresos derivados de la venta de un activo de la República o los provenientes de leyes especiales de endeudamiento”, indicó.
“Ciertamente, queremos que el Ejecutivo cumpla con sus funciones, con sus obligaciones, que procure el bienestar de la población, pero, respetando y sin impedir que las Gobernaciones y Alcaldías también hagan su trabajo para satisfacer las innumerables necesidades que padecen las comunidades y sin menoscabar los derechos del recurso humano que hace posible su funcionamiento, porque de mantener esta postura, el afectado finalmente es el pueblo, quien ya padece por ejemplo, las consecuencias de la desatención de los principales servicios públicos como la salud”, finalizó.
